Los presos políticos en Colombia

Colombia ha vivido en los últimos 60 años bajo estados de excepción, de permanente estado de sitio, estatuto de seguridad o seguridad democrática, y puede decirse que son pocos los años en los cuales Colombia ha vivido una relativa normalidad, jurídica y de derechos constitucionales.

La legislación de guerra ha estado siempre vinculada al combate contra la insurgencia armada dentro de un conflicto que lleva ya más de 40 años de existencia en Colombia.

Al amparo del estado de excepción elaborado dentro de la teoría de la “seguridad nacional” y del enemigo interno, dentro de la guerra de baja intensidad aplicada por los Estados-Unidos en su política de dominio del mundo, se ha ido afinando y refinando la legislación carcelaria, el código penal Colombiano, y la política de contención del movimiento popular y social, criminalizando y judicializando toda la protesta política, social y reivindicativa, dando una solución militar a toda la protesta y movilización del pueblo colombiano.

En Colombia cerca de 7.000 personas conforman la población carcelaria con carácter de presos políticos y sociales .

El gobierno Colombiano no se les concede el estatuto de presos políticos porque niega la existencia del conflicto armado que existe allí hace ya más de 4 décadas, no obstante prioriza en atribuirles el rótulo de terroristas.

Hasta el 11 de Septiembre de 2001, fecha en que se producen los hechos en las torres gemelas de Nueva York, los presos políticos eran acusados del delito de rebelión.

A partir de esa fecha, cambia esta situación y el preso político, además de ser juzgado por rebelión -lo cual está tipificado en el código penal- se le agrega la acusación de terrorista, lo que complica la situación del detenido, colocándolo en una situación de absoluta indefensión.

En el gobierno de Uribe Vélez y en el marco de su política de seguridad democrática, complementada con un millón de informantes, la implementación de las recompensas, ha traído como consecuencia las redadas masivas en ciudades, pueblos y veredas, en las cuales y mediante señalamientos de informantes encapuchados, personal de la fiscalía y del ejército del DAS o de la policía realizan numerosas detenciones contra hombres, mujeres y ancianos, la mayoría de las veces sin orden judicial, la acusación ya generalizada en todo el país para estos casos es la de ser colaboradores o miembros activos de las organizaciones guerrilleras.

Ante la falta de pruebas para encausarlos, muchos detenidos son torturados para que reconozcan y “confiesen sus delitos”

Bajo esta modalidad; miles de dirigentes y activistas del movimiento agrario, del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, defensores de derechos humanos, indígenas, de los movimientos de las mujeres, se consumen día a día y por años en las cárceles de un régimen que los humilla, los somete, y los reduce a meras cifras, negándoles sus derechos elementales como seres humanos en su dignidad personal y su carácter de presos políticos sujetos de derechos a la luz de la legislación nacional e internacional.

Allí están en cárceles, todas de máxima seguridad, algunas como las de Valledupar y Combita construídas bajo convenio con el Buró federal de prisiones de los EEUU y con las más estrictas normas de encierro y aislamiento mediante las cuales las autoridades norteamericanas someten a los delincuentes más peligrosos del mundo.

En las cárceles colombianas muchas mujeres prisioneras políticas y sociales salen a dar a luz a un hospital y regresan a las cárceles con sus hijos recién nacidos, convirtiéndose este en un detenido que debe compartir la prisión con su madre, en medio de las condiciones higiénicas y climáticas más adversas.

En muchas ocasiones los detenidos pierden todo vínculos familiar y la posibilidad de recibir visitas, pues los constantes traslados a cárceles distintas a sus regiones de origen los alejan totalmente de sus familiares, allegados y amigos, perdiéndose todo vinculo familiar y muchas veces separando definitivamente a familias enteras.

Las condiciones de salud en las que viven los prisioneros políticos son infrahumanas, en numerosas ocasiones los detenidos se mueren en las cárceles por falta de atención médica, muchos con enfermedades terminales se les niega el derecho al tratamiento médico.

Las condiciones de hacinamiento se convierten en tormento insufrible para los detenidos, la mayoría de las cárceles albergan a un número de detenidos 5 ó 6 veces superior a la capacidad para la que fue construida. Las condiciones climáticas son sofocantes, numerosas cárceles estas construidas en regiones donde la temperatura llega a 0 ó 2 grados bajo cero y los detenidos tienen que bañarse con agua fría, estas cárceles no tienen sistema de calefación y dado el sistema de hacinamiento en el que muchos detenidos tienen que dormir en el suelo y sobre el cemento, pues esto les vuelve el sueño imposible. Y al contrario, en regiones de clima caliente donde la temperatura asciende hasta los 30 y 34 grados sobre cero, sin ningún sistema de ventilación, sin agua o con poco agua y en medio del hacinamiento en que viven la vida se les vuelve imposible.

Rendimos homenaje a los hombres, mujeres, niños y ancianos que hoy se consumen en las cárceles colombianas y cuyo único delito que cometieron y cometen es luchar por la construcción de una Colombia digna y en paz con justicia social.

Pedro Nolasco Présiga

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