La difícil despolitización del conlficto armado colombiano

En los últimos meses, la que supone ser la democracia más estable de América Latina ha presenciado un sinnúmero de debates, señalamientos y determinaciones de gran relevancia. La interrupción de la liberación unilateral de los secuestrados por parte del Gobierno, así como la apertura de las investigaciones de la llamada ‘Farc-política’, pretende negar el centro del problema al desconocer el carácter político de las Farc, lo que entorpece la resolución integral del conflicto.

Liberación en pausa

El pasado 16 de abril, la guerrilla de las Farc anunció su disposición para liberar unilateralmente el cabo Pablo Emilio Moncayo, al soldado profesional Josué Daniel Calvo Sánchez y, adicionalmente, la entrega de los restos del capitán Julián Guevara. Sin embargo, el cálculo político del presidente Álvaro Uribe ha alargado el cautiverio de los secuestrados, porque según afirmó: “No vamos a permitir que la liberación de unos compatriotas secuestrados, que nunca debieron estar secuestrados, que han sido torturados durante una década o más, se convierta en un festín politiquero del terrorismo”2 .

Personalidades nacionales e internacionales solicitaron al Presidente que facilitara la mediación de la senadora Piedad Córdoba para agilizar el proceso de liberación. A raíz de esto, Uribe afirmó que sólo aceptaría la liberación simultánea de 24 cautivos. Días después el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, aclaró: “No debe tomarse de manera literal la afirmación del mandatario en torno a la liberación simultánea de todos los secuestrados”3 . Y aunque Uribe, en un tono ambiguo, dio el visto bueno a la líder de Colombianas y Colombianos por la Paz, el Gobierno no ha previsto ningún hecho concreto para facilitar la operación humanitaria.

Los múltiples obstáculos que aparecen en la búsqueda de la libertad para los dos soldados –y que han causado tantos dolores de cabeza al primer mandatario– radican en el afán del Gobierno por evitar que las Farc sean consideradas como un actor político y mantengan una interlocución con el que Uribe llama su “bloque intelectual”. Tanto las Farc como el Gobierno mueven sus fichas que, en este caso, son los retenidos. Los miembros de Colombianas y Colombianos por la Paz son esa parte intermedia, razonable y capaz de recordar que en medio de la partida también están en juego la vida y la libertad de varias personas.

 

¿Se puede hablar de farcpolítica?

Ni siquiera la coalición de Gobierno, compuesta en su mayoría por la derecha colombiana, asegura a Uribe que sus copartidarios estén a favor suyo y de su proyecto político. Basta con ver la composición de las nuevas presidencias del Senado y Cámara para deducir que la reelección presidencial está en jaque. Esa misma desconfianza del Gobierno se refleja en la llamada ‘Farc-política’, un precario símil de la parapolítica.

A diferencia de las guerrillas, los intereses de los grupos paramilitares han coincidido con los poderes locales, regionales e, incluso con el Estado central, con el que no tienen una contradicción fundamental. Esto permitió que los espacios de inserción política y la dinámica regional y nacional siguieran su curso sin ser atacados por el Estado central. Así, la derecha y ultraderecha han logrado poner en práctica la vieja tesis de la combinación de las formas de lucha, armonizando la legalidad con la ilegalidad para mantener el poder político.

A su vez, a partir de los modos de población y la estructura agraria dominante en las diferentes regiones, es posible determinar que el paramilitarismo encontró en la costa Caribe unos poderes locales cristalizados en el tiempo que, en representación de élites latifundistas, estaban dispuestos a promover la guerra contra una guerrilla que los tenía asediados. Por tanto, los lazos entre la clase política y la guerrilla de las Farc encuentran limitantes tanto tácticas como estratégicas para poner en práctica la combinación de formas de lucha, que este Gobierno se ha encargado de recordar.

Como resultado de la Octava Conferencia Guerrillera, realizada en 1993, las Farc oficializaron la separación definitiva con el Partido Comunista Colombiano, una relación que ya venía tambaleando desde los sucesos que llevaron en 1987 a la ruptura de la tregua y los diálogos pactados en La Uribe, Meta tres años atrás. A finales de la década del noventa las Farc fundaron el Partido Comunista Clandestino Colombiano o PCCC. De ahí que esta sea la guerrilla más vieja de América Latina, pero reciente en términos políticos. Las Farc se convirtieron en lo que se puede denominar un partido político en armas que funciona clandestinamente desde hace dieciséis años.

Por eso llama la atención que los tecnócratas y asesores de Gobierno pasen por alto estos antecedentes para que la Fiscalía y la Procuraduría abran investigación contra algunos congresistas del Polo Democrático Alternativo. Sin embargo, el motivo tiene que ver más con su oposición al Gobierno y su origen político que por supuestas imposiciones al elector durante los comicios o por haber propiciado masacres y asesinatos selectivos como sí lo hicieron los parapolíticos. Aún así, el Gobierno se ha encargado de establecer conexiones inexistentes entre la guerrilla y periodistas, ONG nacionales e internacionales y, en general, todos aquellos que hagan oposición. Hasta el precandidato liberal Rafael Pardo alcanzó a ser mencionado como conspirador por oponerse a la primera reelección presidencial.

Ante esta situación, es deber de los fiscales y políticos de la coalición, indagar en la historia para conocer por qué personajes como el senador Jorge Enrique Robledo no tienen nada que ver con las Farc. Robledo ha sido miembro de un viejo partido político de izquierda, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, que hace parte del Polo. Éste tiene como línea ideológica el rechazo a la lucha armada, lo que le ha costado varias vidas a manos de las Farc.

Al resto de investigados se les acusa con el objetivo de reavivar el miedo al enemigo que este Gobierno necesita para sostenerse. “Nosotros tampoco vamos a permitir que las Farc, en esa complicidad del terrorismo con la política, simplemente quieran premiar a algunas personas de la Farc-política, protegiéndolas, en su impunidad a través de ayudarlas a vestir con el ropaje humanitario”4 , una muestra más de la desconfianza del Gobierno ¬o de la “sólida doctrina del Uribismo”, como la llama José Obdulio Gaviria. Por ello, se recurre al poder judicial para amedrentar a la oposición y crear un manto de duda en sus actuaciones, entre esas, la mediación de la senadora Córdoba y, en general, de Colombianos y Colombianas por la Paz en sus gestiones por el intercambio humanitario.

No es extraño, entonces, que varios de los procesos se hayan caído en un corto plazo, como tampoco lo es que exista un interés particular del Gobierno contra la izquierda que propende por una salida negociada del conflicto armado.

A modo de conclusión

Es preciso que la sociedad colombiana reconozca la persistencia de muchos de los problemas que llevaron al levantamiento armado de los diversos grupos insurgentes e incluso paramilitares, quienes hallaron en las múltiples desigualdades sociales oportunidades para componer sus filas y acaparar recursos para hacer la guerra5 .

Como se ha venido estudiando, Colombia ha sido desde hace más de veinte años el escenario de una segunda “contrarreforma agraria”, un proceso de expropiación violenta de las mejores tierras del país que han terminado en poder de narcotraficantes, paramilitares o en su defecto de sus testaferros6 . Un proceso promovido por una clase “emergente” que supo aprovechar la alianza de intereses entre los influyentes poderes locales y regionales, las fuerzas armadas y narcotraficantes para dar origen al fenómeno narco-paramilitar y que sigue vivo y se adapta fácilmente a su entorno y a los cambios de una aparente modernización ratificados desde Bogotá.

En medio de este complejo panorama se pone en entredicho la existencia de una profunda disputa política que ha desembocado en un conflicto social y político armado de larga duración, lleno de aristas que involucran a comunidades en distintas regiones del país y que día a día genera más desplazados. Las nuevas generaciones encontrarán a su paso el histórico problema agrario colombiano, núcleo de los últimos cincuenta años de violencia, que viene profundizándose con variadas fórmulas de fuerza y violencia. De este abanico de problemáticas, la liberación de los policías y militares secuestrados tan sólo es una mínima parte de un gran problema que difícilmente tendrá solución por la vía de la confrontación bélica y la ‘macartización’ a la oposición política.

La “guerra contra el terrorismo” y el señalamiento a la oposición para cerrar las vías de comunicación con las Farc confirman la clara pretensión de negar el carácter político del actor armado, por parte de quienes están empecinados en resolver la contradicción política por la vía de la guerra. El núcleo del conflicto armado colombiano se juega en el terreno de la política, en donde todas las partes dialogan, negocian y ceden para resolver la disputa, y en donde las partes como principio fundamental deben reconocerse entre sí.

Seguir justificando la guerra del Estado colombiano contra las Farc como una guerra de la democracia contra la amenaza narcoterrorista es un claro ejemplo de una de las paradojas que el sociólogo Gaston Bouthoul hiciera sobre la guerra: “Para el hombre de Estado la guerra es, en principio, la solución de facilidad. Cuando la situación interior se embrolla y se envenena, no hay nada tan eficaz para esclarecerla como declarar una guerra. La guerra dispensa de buscar laboriosos compromisos y de buscar intereses divergentes. Podría decirse, paradójicamente, que la guerra es el fin de las querellas: muchas veces se lucha por horror a la discusión”.

 

Bibliografía

Bouthoul, Gaston. (1971) La guerra, Barcelona, oikos-tau.
Reyes, Alejandro. (2009) Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Norma.
Tilly, Charles. (2000) La desigualdad persistente, Barcelona, Manantial.
Periódico El Nuevo Siglo
Periódico El Tiempo

 

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1Investigador CINEP - ODECOFI
2El Nuevo Siglo, 27 de abril de 2009, Pág. C1
3El Tiempo, 10 de julio de 2009. Pág. 1-3
4El Nuevo Siglo, 29 de abril de 2009. Pág. A9
5Tilly, Charles. La Desigualdad persistente. Manantial (2000)
6Ver al respecto el reciente libro Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia de Alejandro Reyes, Norma. (2009).

Fuente : Revista Cien Días vistos por CINEP, n° 67, agosto de 2009.

Farc solución política negociada Guerra

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